De acuerdo con una investigación de Milenio sobre los institutos y tribunales electorales de los estados, las historias de dispendios entre magistrados y funcionarios abundan.
En Nayarit, magistrados y mandos superiores del Tribunal Electoral recibieron cada mes de 2018, sin la debida justificación, vales de gasolina que al final del año sumaron un desfalco de 360 mil pesos al erario público.
Esos vales nunca fueron autorizados y además, no hubo evidencia de que ese consumo de gasolina lo usaran para traslados relacionados con el desempeño de sus funciones.
Los magistrados electorales, encabezados por Gabriel Gradilla Ortega, se aprobaron a unos días de la Navidad de 2018, un bono por “trabajos extraordinarios”, sin que esas prestaciones estuvieran autorizadas en el presupuesto.
El bono que buscaba motivar el aumento en la productividad tanto de magistrados como de mandos superiores, mandos medios y trabajadores de confianza, representó ese año un boquete al erario del tribunal por 3.2 millones de pesos de acuerdo con auditorías.
Otro de los abusos documentado por la auditoría de Nayarit, el cual en su oficio de solicitud de ampliación presupuestal por más de 15.8 millones de pesos, dirigido al congreso local, simuló la necesidad de recursos adicionales.
«Se advierte que la solicitud simuló la necesidad del recurso y no contemplaba las necesidades de pago, en función de los compromisos reales contraídos o a contraer», dice el informe.
La ampliación presupuestal que el tribunal pretendió, significó un incremento del 112.8 por ciento en relación con su presupuesto originalmente aprobado.