Las Fiscalías Anticorrupción en México están encargadas de la atención, investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, analizaron los avances y retrocesos de las condiciones actuales de las Fiscalías Anticorrupción.
Al revisar el marco jurídico, los recursos, el capital humano, los procesos y resultados, se encontró que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción (FA) se mantienen con avance deficiente o nulo, es decir, aún no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción.
Destaca que en Nayarir, hay ausencia de protocolos para investigar corrupción, solo las Fiscalías de Sonora y Querétaro cuentan con protocolos para investigar casos de corrupción, y únicamente la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo tiene un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción.
La Fiscalía de Nayarit no incrementó los presupuestos para atender casos de corrupción, solo en 11 estados. Entre 2019 y 2022 solo Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas incrementaron su presupuesto. Ciudad de México, Morelos, Nayarit y Oaxaca no reportaron presupuesto para su FA en 2021 y 2022.
Destaca que en 2022, a nivel nacional, solo 4.3% de las investigaciones de corrupción llegaron a un juez, el estado que ha judicializado el mayor número de investigaciones respecto a las iniciadas es Querétaro con 26%, seguido por Tlaxcala con 23% y Guanajuato con 17%. Chiapas, Morelos y Nayarit no reportaron datos sobre las investigaciones judicializadas.