En Casa Nayarit, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó un encuentro con secretarios, subsecretarios, administradores y jurídicos del gobierno del Estado, así como con las y los titulares del Poder Judicial y Legislativo, para refrendar el compromiso del gobierno de Nayarit con los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsando un ejercicio del poder público austero, honesto y profundamente responsable.
Acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, el mandatario estatal enfatizó: «En este gobierno no hay espacio para el despilfarro. Nos alineamos con el mandato ciudadano de proceder con responsabilidad, ética y eficiencia en cada peso del presupuesto público».
Durante la reunión, el gobernador Navarro Quintero señaló varios lineamientos esenciales que serán analizados por todos los entes públicos en la entidad, que responden al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha hecho de la austeridad un principio fundamental del nuevo humanismo mexicano:
- Bajo ninguna circunstancia se permitirá el despilfarro en las instituciones; la austeridad es un principio básico.
- Se limitarán gastos operativos como viáticos, telefonía, combustibles, arrendamientos, alimentación, remodelación de oficinas y papelería, entre otros.
- Se dará prioridad a la adjudicación de contratos mediante licitaciones públicas, promoviendo la economía y eficacia.
- Todos los entes públicos deberán presentar un Informe de Austeridad Republicana al finalizar cada ejercicio fiscal, detallando las estrategias emprendidas y los ahorros alcanzados.
- Las y los funcionarios que incumplan con esta legislación recibirán sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluidas posibles inhabilitaciones.
Se destacó, que ningún servidor público podrá percibir un salario mayor al de la titular del ejecutivo federal, y que estas disposiciones se aplicarán a todos los organismos públicos, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial, así como a los entes autónomos que reciban recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.