Con absoluto respeto en la división de poderes, pero con fidedigna preponderancia al pacto social transformador del Estado Mexicano, las y los gobernadores de los estados de la República nos pronunciamos sobre las consecuencias de orden público que traería la eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa del sistema judicial.
México deberá en todo momento privilegiar la supremacía constitucional, atendiendo el derecho de quien, víctima de un delito, busca la protección de su estado de derecho sobre aquellos que ejercen conductas antisociales.