Con el interés de cuidar que las personas
designadas para vigilar el buen desempeño de los servidores públicos tengan los
mejores perfiles en sus contralorías, las y los diputados integrantes de la 33
Legislatura, aprobaron en Sesión Pública Ordinaria diversas reformas a las Leyes
Orgánicas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, de la Fiscalía,
del ITAI y del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
En la iniciativa presentada por la legisladora Any Marilú Porras Baylón, se
argumenta que es necesario modificar las reglas para designar a dichos titulares,
dotando de certeza jurídica los procesos para elegirlos.
De acuerdo con el dictamen aprobado, quienes sean nombrados como titulares de
los órganos internos de control en la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos, en la Fiscalía General, en el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, deben ser
mexicanos, tener residencia en el Estado de un año previo a la designación,
contar con título y cédula profesional en derecho, ser profesionista del perfil
económico-administrativo con tres años de antigüedad, además de gozar de
buena reputación.
También deben contar, cuando menos con tres años de experiencia en materia de
fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción, responsabilidades
administrativas, en adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;
además de no ser o haber sido dirigente de partido político el año previo a la
designación, y no haber ejercido ministerio de algún culto religioso en los últimos
tres años.
Los órganos internos de control son entes fiscalizadores que forman parte del
Sistema Local Anticorrupción; los cuales se encargan de conocer, investigar y
resolver las faltas graves y no graves que cometan los servidores públicos;
también son responsables de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno.
El Sistema Local Anticorrupción se rige bajo la Ley del Sistema Local
Anticorrupción del Estado de Nayarit, la cual se integra por 59 artículos y dos
transitorios, su fin es establecer políticas públicas de coordinación entre las
autoridades del Estado y los municipios para prevenir, detectar, sancionar los
hechos de corrupción, fiscalizar y llevar un control de los recursos públicos.