En el Congreso de Nayarit, este jueves diputadas y diputados aprobaron la minuta que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer un límite a las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas, como parte de una política de austeridad, control del gasto y reducción de privilegios.
La reforma impulsada a nivel federal, plantea que ninguna pensión de exservidores públicos podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales. 
Las llamadas “pensiones doradas” son jubilaciones otorgadas principalmente a altos mandos y exdirectivos de organismos públicos, empresas del Estado o banca de desarrollo, cuyos montos resultan muy superiores al promedio nacional. 
En algunos casos documentados, estos pagos han alcanzado cifras de hasta un millón de pesos mensuales, generando críticas por representar un gasto público elevado y desigual frente a las pensiones de la mayoría de la población.
Redacción #Reporterosmx