• El imputado presuntamente habría ratificado un contrato de cesión que no tiene validez
Tepic, Nayarit; jueves 5 de mayo de 2022.- El día de ayer en el Centro Regional de Justicia Penal, la Fiscalía General del Estado logró auto de vinculación a proceso contra José Luis “N”, por su probable intervención en hechos que la ley señala como delito de falsificación de certificación, previsto en el artículo 279 fracción II del Código Penal para el estado de Nayarit, en agravio de la sociedad.
Sobre los hechos, se conoce que ocurrieron el día 5 de febrero del año 2019, cuando a las instalaciones de la Notaría Pública No. 13 comparecieron el abogado Ignacio “N” y una persona de sexo femenino, por lo que el imputado, en su carácter de Notario Público, hizo levantar una constancia certificando un contrato de cesión respecto de un solar ejidal ubicado en el poblado San Clemente de Lima, municipio de Bahía de Banderas, en el cual se señala como cedente de dicho inmueble a una persona de sexo femenino representada por su apoderado legal Ignacio “N”.
Sin embargo, dicha cesión se realizó ante la Asociación Civil Progresiva Col. Emilano Zapata del municipio de Bahía de Banderas, el 2 de octubre de 2016, constancia de ratificación de contrato que no tiene validez, pues en la fecha de su elaboración y firma el abogado Ignacio “N” se encontraba detenido y recluido en el Centro de Reinserción Social “Venustiano Carranza” de la ciudad de Tepic, por lo que el exNotario Público no atendió los principios de la Ley del Notariado del Estado, ya que no constató la identidad y dio por presente a Ignacio “N”, motivo por el cual el imputado en su carácter de Notario Público bajo el ejercicio de sus funciones y acciones certificó hechos que no son ciertos.
La Agencia del Ministerio Público expuso los elementos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación ante el Juez de Control, quien vinculó a proceso a José Luis “N” por el delito de falsificación de certificación, estableciendo como medidas cautelares firma periódica quincenal, suspensión de su cargo y garantía económica que deberá cubrir en cinco días hábiles, fijándose un plazo de 2 meses para el cierre de las investigaciones complementarias.
